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POR LOLA GARCÍA-ALIX Y ALEJANDRO PARELLADA
1º de febrero de 2021
Desde mayo de 2020, Francisco Cali Tzay es el nuevo Relator Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Su llegada coincidió con el inicio del Covid-19 por lo que se vio obligado a utilizar las plataformas virtuales para acompañar las demandas indígenas en sus territorios. Cali Tzay oriundo del pueblo Maya kaqchikel muestra su preocupación por el incumplimiento de la consulta previa, libre e informada, y adelanta los intereses de su gestión: el impacto de la pandemia, los indígenas urbanos, la mujer y la niñez indígena, y las migraciones forzadas.
Debates Indígenas: ¿Cuáles han sido sus principales retos desde su nombramiento como nuevo Relator Especial?
Francisco Cali Tzay: Sin duda, la pandemia de Covid-19 ha dificultado una implementación efectiva de mi mandato como Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Asimismo, creo que se ha avanzado en un contexto de muchas dificultades y limitaciones ya existentes. Junto a los pueblos indígenas hemos aprovechado el uso de las plataformas virtuales. A pesar de no haber podido hacer visitas in situ, hemos acompañado las protestas y recibimos las denuncias sobre las violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas. También he tenido la oportunidad de participar en conferencias académicas y establecer diálogos con organizaciones indígenas en América Latina, Asia, África y el Ártico. Todo esto ha sido posible gracias a los espacios virtuales.
DI: ¿Qué denuncias ha recibido durante la pandemia?
FCT: He recibido información sobre la criminalización que sufren los defensores indígenas de derechos humanos en Chile, a través de la aplicación de la ley antiterrorista. O de un caso poco conocido como el encarcelamiento de indígenas en Panamá: existe un acuerdo entre el gobierno, la empresa AES y el pueblo Ngöbe por la construcción de la represa Chan-75 en su territorio y, cuando ellos exigen el cumplimiento, se los penaliza y se persigue a sus líderes y lideresas. Situaciones similares se viven en Costa Rica, Guatemala, México, Filipinas y Bangladesh, donde el elemento principal de los conflictos es el avance sobre los territorios indígenas, la criminalización, la persecución, la falta de acceso a la justicia, el encarcelamiento, los asesinatos y secuestros, la creación de pruebas falsas y, la sanción de leyes aplicables solamente a los pueblos indígenas a través de los delitos de sedición o terrorismo.
DI: En un escenario de post-pandemia, ¿cómo espera manejar los espacios virtuales?
FCT: Los diálogos virtuales llegaron para quedarse. Las organizaciones indígenas los van a seguir utilizando en su beneficio. Pero insisto, para mí es importante señalar la necesidad de realizar visitas in situ a los países, pues es la única manera de poder ver la situación que están viviendo los pueblos indígenas. También es relevante mantener diálogos constructivos con las autoridades de los Estados sobre lo que se está haciendo y lo que debería hacerse para respetar los derechos de los pueblos indígenas.
Francisco Cali Tzay en un encuentro de formación con las organizaciones indígenas cuando se desempeñaba como Presidente del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Foto: Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas.
DI: ¿Cómo ha sido el vínculo con los Estados durante la pandemia?
FCT: El trabajo con los Estados ha sido más ágil pues diariamente recibimos información de lo que está pasando en los países. Las organizaciones indígenas han utilizado el Sistema Internacional de Derechos Humanos y hemos tenido la posibilidad de colaborar y unificar posiciones entre las diferentes relatorías, firmando documentos en forma conjunta. De cualquier manera, el hecho de no poder realizar visitas presenciales a los países ha supuesto una gran limitación para mi mandato como Relator ya que durante las visitas se puede interactuar con toda la comunidad. Espero que durante 2021, pueda continuar actuando de una manera ágil para promover el respeto y la protección de los derechos de los pueblos indígenas del mundo.
DI: ¿Los espacios virtuales con los Estados no se prestan a confusión?
FCT: Es importante señalar la necesidad de que se cumplan algunas formalidades en cuanto a las reuniones o diálogos con el Relator Especial. En la actualidad, es muy fácil llamar al Relator para pedirle que participe de una reunión virtual o que los Estados me pidan participar en sus eventos oficiales. En efecto, para un Relator es necesario hablar con las autoridades responsables de asegurar los derechos de los pueblos indígenas, así como la implementación de las políticas públicas pertinentes. Sin embargo, la sola participación en los eventos oficiales virtuales puede prestarse a confusiones. Algunos Estados creen que, con el solo hecho de invitar al Relator a participar en un diálogo virtual, están cumpliendo sus obligaciones. Esto no es así: como miembros del sistema de Naciones Unidas están obligados a dar cuenta de la situación de derechos humanos de sus ciudadanos, en este caso en particular, de los pueblos indígenas.
DI: ¿No cree que ha habido menos espacios de diálogo con los Estados al no verse presionados para dar respuesta a sus políticas para los pueblos indígenas?
FCT: Los Estados no siempre están dispuestos a abrir sus puertas para permitir la visita de los Relatores. Las visitas no solo sirven para conocer de cerca las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas o su falta de implementación, sino también para poder observar, dar seguimiento e informar sobre las medidas positivas que toman los Estados para respetar los derechos de los pueblos indígenas. Por eso es importante que este año retomemos las visitas a los países, por supuesto, respetando y tomando todas las medidas sanitarias que sean necesarias.
DI: Este año se cumple el 20° aniversario del establecimiento del mandato del Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. ¿Cuáles serán sus prioridades?
FCT: En relación a los estudios temáticos, vamos a darle seguimiento al informe que presenté a la Asamblea General en 2020 sobre los efectos del Covid-19 en los pueblos indígenas y las respuestas que han dado los Estados para atenderlos durante la pandemia. Principalmente en este período de recuperación. En este contexto, nos enfocaremos en cómo los Estados han tenido en cuenta los conocimientos indígenas y en cómo se aplicó la consulta previa, libre e informada. A pesar de lo que dicen públicamente, no han sido muchos los Estados que han tomado en cuenta a los pueblos indígenas para enfrentar al coronavirus. Por otra parte, estamos trabajando en un cuestionario para la elaboración del informe que presentaré al Consejo de Derechos Humanos en septiembre, que no se enfocará en lo negativo, sino más bien, en las iniciativas de los Estados que tuvieron en cuenta a los pueblos indígenas para la recuperación. En todo sentido de la palabra. Finalmente, voy a ocuparme de las migraciones indígenas, internas y externas, y prepararemos dos manuales sobre la situación de la mujer y la niñez indígena.
DI: ¿Se seguirán trabajando las problemáticas de los indígenas urbanos?
FCT: Todavía se mantiene la idea de que los indígenas viven en zonas rurales, sin embargo, hay muchos que ya estaban asentados en lo que hoy son grandes ciudades. Además, las circunstancias históricas de desalojos forzados e ilegales, junto a la persecución en tiempos de convulsión política, obligó a algunos pueblos indígenas a migrar de sus territorios hacia las grandes ciudades. Ahora estas grandes ciudades se han convertido en su lugar de sobrevivencia y la presencia indígena en ellas es cada vez mayor. En este marco, también son discriminados por ser urbanos, por la idea de que los indígenas solo habitan en áreas rurales. Durante esta pandemia, me ha quedado claro que los indígenas urbanos son los que más han sufrido las consecuencias. Este informe sobre los indígenas urbanos lo presentaré a la Asamblea General en octubre de 2021.
El Relator explica que es un error creer que los indígenas solamente viven en zonas rurales. Por el contrario, muchos indígenas viven en las ciudades y son los que más han sufrido la pandemia del Covid-19. Foto: RIDH / Panorama Diplomático
DI: En el último tiempo, las comunidades indígenas han denunciado el incumplimiento de las consulta previa, libre e informada.
FCT: Uno de mis objetivos es darle seguimiento a la falta de cumplimiento por parte de los Estados para lograr obtener el consentimiento. Especialmente durante la pandemia, junto a las empresas, han aprovechado las medidas de confinamiento y distanciamiento social establecidas para no cumplir con este requerimiento obligatorio. Incluso se ha querido obviar los estudios de impacto ambiental: un requerimiento obligatorio en todos los Estados. Estamos observando que los Estados ven la consulta como un mero procedimiento administrativo y no como un derecho establecido por las normas internacionales de derechos humanos de los pueblos indígenas.
DI: ¿Por qué ocurre esto?
FCT: Las empresas y los Estados perciben a la consulta como un impedimento para realizar o implementar proyectos, cuando en realidad es todo lo contrario: es un instrumento que persigue evitar los conflictos y la violación a los derechos humanos. En este sentido, comparto la opinión de la anterior Relatora, Victoria Tauli-Corpuz, acerca de que los Estados no pueden continuar excusándose en la falta de reglamentos para implementar las consultas. Desde mi punto de vista, lo que hay que reglamentar es cómo se van a implementar los resultados de la consulta. No la consulta en sí. También deseo ver el desarrollo de los protocolos de consulta. En este 20° aniversario, invitamos a los pueblos indígenas a visibilizar la función y los objetivos de la Relatoría. A hacer suyo el mandato y, por supuesto, a utilizarlo para la defensa de sus derechos.
Lola García-Alix y Alejandro Parellada son asesores principales del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA).
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