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Sr(a)s. CANDIDATOS:
Keiko FUJIMORI
Pedro CASTILLO
Luego de 200 años de independencia, seguimos viviendo con una república fallida, creada a espaldas de nuestros pueblos originarios, que no pudieron orientar un proyecto nacional.
En el Perú existimos 55 pueblos indígenas u originarios. De los cuales, 51 pueblos se ubican en la región Amazónica y cuatro (4) en los Andes. Los cuatro (04) pueblos andinos son: Aimara, Jaqaru, Quechua y Uro. Los quechuas son el principal pueblo indígena del país. Entre los quechuas se pueden distinguir pueblos como los Chopcca, los Chankas, los Huancas, los Huaylas, los Kanas, los Q’ero y los Cañaris.
En la actualidad, la principal forma de organización de los pueblos quechuas es la comunidad campesina y de los pueblos amazónicos es comunidades nativas. En el Perú existen más de 9 mil comunidades nativas y campesinas.
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) dio a conocer que en el III Censo de Comunidades Nativas y el I Censo de Comunidades Campesinas, ejecutados entre los meses de octubre y noviembre de 2017, en el país fueron censadas 9,385 comunidades, de las cuales 2,703 son nativas y 6,682 campesinas.
Los resultados del III Censo de Comunidades Nativas revelaron que en las 2,703 comunidades se registró una población de 418,364 personas. Estas comunidades declararon pertenecer a 44 pueblos indígenas u originarios, ubicados en el ámbito de la selva y ceja de selva de 11 departamentos.
A pesar de que hemos avanzado hacia la visibilidad de nuestra existencia como pueblos indígenas, las políticas públicas aún no han logrado brindar las condiciones de vida satisfactorio, eso podemos notar con mucha claridad en esta campaña de la segunda vuelta de que No existe propuestas claras de ninguno de los candidatos.
Es fundamental avanzar en fortalecer la Institucionalidad Intercultural y Garantizar los derechos colectivos de los Pueblos indígenas, respetando nuestra autonomía, que nos permita lograr una sociedad democrática, basada en las relaciones de equidad e igualdad de oportunidades y derechos. Por ello planteamos las siguientes propuestas:
1. FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD INTERCULTURAL:
1.1 Nuevo órgano rector de las políticas sobre pueblos indígenas – Ministerio indígena
El viceministerio de interculturalidad que actualmente tenemos no responde a las necesidades ni demandas de los pueblos originarios. Por ello es urgente la creación de un ministerio indígena, como ente rector en materia de Pueblos Indígenas, que garantice el derecho a la participación indígenas en la gestión pública y que proteja sus derechos colectivos.
1.2 Representación Política directa de los Pueblos Indígenas
Las formas de elección que se dan en nuestro país, es ajena a la forma de organización de nuestros pueblos originarios, por ello hay ausencia en los espacios de representación, frente a ello nuestra propuestas es Escaños Reservados para la representación política proporcional de los pueblos indígenas en el Congreso de la República y Parlamento Andino, así como en los Concejos de Gobiernos Regionales, Provinciales y Locales, tomando como referencia el Censo de Población, Vivienda y de Comunidades Indígenas (INEI).
1.3 Autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas
En nuestro país no se ha reconocido una instancia de gobierno indígena dentro del sistema político estatal, por ello planteamos la creación de Gobiernos Autónomos Indígenas, que nos permitirá ejercer la libre determinación y proteger nuestros derechos colectivos, así avanzaremos hacia un país plurinacional donde nuestra diversidad sea la fuerza que nos impulse a avanzar.
2. GARANTIZAR LOS DERECHOS COLECTIVOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS:
2.1 Fortalecer los mecanismos de los procesos de Consulta Previa, libre e informada y consentimiento
Es tiempo de que el derecho a la consulta previa libre e informada deje de ser un mecanismo administrativo y se avance hacia su implementación efectiva, así como avanzar con consultas legislativas aun ausentes en el presente.
Asimismo, es tiempo de la Incorporación del consentimiento de las comunidades andinas, amazónicas en todos los procesos de consulta desarrollados en todos los sectores y niveles del Estado Peruano.
2.2 Aplicación del tratado de Escazú:
El Acuerdo de Escazú es un tratado regional que promueve el derecho de acceder oportuna y efectivamente a la información ambiental; de participar en la toma de decisiones que afecten el ambiente; y de acceder a la justicia para asegurar el cumplimiento de las leyes y derechos ambientales en los países de América Latina y El Caribe. Y este tratado, además, aborda la protección de los defensores ambientales, un problema clave considerando que en los últimos cuatro años casi 400 hombres y mujeres en el mundo han sido asesinados por defender sus territorios.
El Acuerdo de Escazú establece estándares mínimos para garantizar los derechos de acceso a la información, participación pública y la justicia ambiental, y permitirá a los países de la región elevar los niveles de democracia, transparencia y rendición de cuentas en asuntos ambientales y de recursos naturales. Por ello la urgencia de su cumplimiento por el Estado Peruano.
Lima, 25 de mayo del 2021.
EL CONSEJO DIRECTIVO
CAOI
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