Discriminación: el principal obstáculo para las mujeres indígenas que buscan justicia por abusos de las empresas

La discriminación es uno de los principales obstáculos que enfrentan los pueblos indígenas cuando buscan acceder a los sistemas de justicia y el obstáculo es mayor cuando se trata de una mujer indígena.

Así lo sostuvo, Sonia Astuhuamán, Coordinadora de la Mujer de la CAOI, durante su intervención en el 11º Foro de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos.

Explicó que en muchos países subsisten formas y costumbres coloniales en la sociedad y en las propias instituciones estatales lo que dificulta a los pueblos acceder a los sistemas de justicia, especialmente cuando se trata de las mujeres indígenas.

Agregó a todo ello hay que sumarle que geográficamente los operadores de justicia se encuentran en lugares distantes de los territorios, en centros urbanos a los que hay que viajar con los riesgos que ello supone.

Otro de los problemas para acceder a justicia es el económico, pues los gastos en traslados, el sustentar el pago de un abogado, abonar las tasas judiciales y aun así no es seguro que acepten las denuncias, pues en el sistema de justicia la palabra de un indígena no es suficiente, indicó.

La Coordinadora de la Mujer de la CAOI, añadió que otro de los problemas es la falta de visión intercultural de los operadores de justicia, pues no hablan la lengua de los pueblos indígenas y carecen de conocimiento y comprensión de los derechos de los pueblos y en especial de las mujeres.

Ante esta situación se requiere realizar muchos cambios para conseguir que los sistemas de justicia accesibles y fiables. Lo principal es que los operadores conozcan comprendan y apliquen los derechos indígenas que están reconocidos internacionalmente y en especial los derechos de las mujeres.

Debemos conseguir que los sistemas judiciales tengan una visión intercultural y de género, que provea de asistencia judicial gratuita a mujeres y pueblos.

También debemos buscar que los operadores de justicia comprendan el sentido de las denuncias por la vulneración de nuestros derechos y que en muchos casos estas son a consecuencia de las actividades empresariales.

“A veces los operadores de justicia no entienden que las empresas son responsables de la vulneración de derechos de pueblos y su desconocimiento puede llevarnos a la impunidad”, manifestó.

Reiteró que los impactos negativos de las actividades empresariales y la criminalización son también formas de vulneración de derechos a las mujeres indígenas y en ese contexto deben abstenerse de aplicar normas que criminalizan el ejercicio de derechos o defensa de derechos.