Pronunciamiento de CIAP en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas

El Consejo Indígena Andino del Perú (CIAP), en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, nos dirigimos al Presidente de la República del Perú, Congreso de la Republica, Poder Judicial, Ministerio Publico y demás autoridades, civiles, judiciales y a la opinión pública nacional e internacional, para manifestar lo siguiente:

Los pueblos indígenas andinos, al celebrarse el Bicentenario, reiteramos que llevamos 200 años de exclusión a pesar de la independencia, de discriminación por nuestras culturas y negación de nuestros derechos. Sin embargo, estamos aquí y continuamos con el legado de nuestros ancestros y contribuir con la transformación de este país en un estado plurinacional e intercultural.

Pedimos al Gobierno Peruano la atención prioritaria con la vacunación en las comunidades y pueblos indígenas, así como la construcción de hospitales y centros de salud, el equipamiento necesario, para que cumplan con sus servicios de manera oportuna y permanente, y articular las acciones a nivel nacional velando permanentemente por la salud y vida de la población indígena.

Ante los efectos del cambio climático que afectan a nuestras comunidades alto andinas, instamos al gobierno nacional la urgente implementación de una política nacional con mayor cobertura que atienda a los productores agropecuarios ante las heladas, granizadas, friaje y otros fenómenos climáticos que periódicamente diezman la producción agropecuaria afectando la economía de las familias de las comunidades y pueblos indígenas.

Exigimos al gobierno de Pedro Castillo la creación del Ministerio de pueblos indígenas, que garantice los derechos colectivos de las comunidades y pueblos indígenas, como actores políticos con propia institucionalidad para ejercer los derechos a la libre determinación, consulta previa y una activa participación en la construcción de una nueva constitución política plurinacional.

Declaratoria en situación de emergencia nacional el sector agrario, que conlleve a un incremento de presupuesto público nacional, para atender a las comunidades alto andinas, con proyectos productivos y programas de desarrollo a la agricultura familiar manteniendo los sistemas alimentarios con soberanía alimentaria.

Demandamos una política de estado que garantice la protección efectiva de nuestros derechos colectivos. No queremos que la consulta previa sea únicamente un trámite que lleva adelante el Ministerio de Energía y Minas luego de que las empresas hayan accedido a las tierras de las comunidades. La aplicación del procedimiento de la consulta previa debe revisarse para asegurar la protección de nuestro derecho al territorio.