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El informe “Una década de resistencia” de Global Witness registró 200 personas defensoras asesinadas en 2021 por defender los derechos humanos, su tierra y el medio ambiente en todo el mundo.
En la América Latina, México (54), Colombia (33), Brasil (26) y Nicaragua (15) fueron los países con mayores números de defensores asesinados.
México es el país con el mayor número de asesinatos (54) y más del 40% de las personas asesinadas eran miembros de pueblos indígenas.
En países como Brasil, Perú y Venezuela, el 78% de los ataques contra defensores ocurrieron en la Amazonía.
Entre los sectores que se relacionan con los ataques letales contra defensores, destaca la minería con 27 casos a nivel mundial. De los cuales, 21 asesinatos ocurrieron en la región. En México se ubican 15 de estos casos, seguidos por Venezuela (4), Nicaragua (1) y Ecuador (1).
La energía hidroeléctrica con 13 ataques relacionados es otro de los sectores involucrados.
Entre los grupos afectados por los ataques, el informe resalta que el 40% de todos los ataques fueron dirigidos contra pueblos indígenas. Entre los países donde registraron estos hechos son México, Colombia, Nicaragua y Perú en la región.
Respecto al género de las víctimas, el informe señala que alrededor de 1 de cada 10 de las personas defensoras asesinadas registradas en 2021 eran mujeres, casi dos tercios de las cuales eran indígenas.
Durante la década de 2012-2022, un total de 1733 personas defensoras fueron asesinadas por proteger sus tierras y recursos. De esta cifra, al menos 39% eran miembros de pueblos indígenas.
Por otra parte, el 68% de los asesinatos ocurrieron en América Latina durante la última década. Brasil (342), Colombia (322), México (154), Honduras (117), Guatemala (80), Nicaragua (57) y Perú (51), son los países con mayor número de asesinatos de personas defensoras.
Global Witness señala que el aumento de la violencia contra las personas defensoras es avivado por la desigualdad en la distribución de la tierra. Asimismo, entrega una lista de recomendaciones a los gobiernos y las empresas a fin de abordar las causas estructurales de los ataques contra los defensores.
A los gobiernos llama a la creación de un entorno seguro para las personas defensoras, para lo cual deben hacer cumplir las leyes existentes que protegen a las personas defensoras de los derechos humanos, y donde no existen tales leyes deben adoptar leyes con este fin.
El informe también recomienda que los gobiernos deben proteger los derechos de las personas defensoras, lo que incluye sus derechos al consentimiento libre, previo e informado, los derechos de los pueblos indígenas a su sustento y cultura.
Añade que debe exigir a las empresas e instituciones financieras que lleven a cabo la debida diligencia en materia de derechos humanos y riesgos ambientales en todas sus operaciones.
Al referirse a las empresas, recomienda que deben identificar, prevenir, mitigar y remediar cualquier daño en sus operaciones contra las personas defensoras, aplicando la debida diligencia. También deben incluir políticas y protocolos para salvaguardar los derechos de las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente.
Finalmente, recomienda que las empresas deben implementar políticas de tolerancia cero a las represalias y ataques contra personas defensoras, la adquisición ilegal de tierras y la violación al derecho al consentimiento libre, previo e informado en todos sus niveles de operaciones.
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