2022: Declaración del Caucus de los Pueblos Indígenas del Abya Yala sobre Empresas y Derechos Humanos

Declaración del Caucus de los Pueblos Indígenas del Abya Yala al VII Foro Regional de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos para América Latina y el Caribe

Los Pueblos Indígenas del Abya Yala reunidos en el auditorio Kimy Pernia de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) en Bogotá, hemos analizado los diversos impactos de las actividades de las empresas sobre nuestros derechos y territorios; así como el alcance de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos en la protección de nuestros derechos, pueblos y comunidades a lo largo de la región.

Observamos la ausencia de voluntad política de muchos Estados para garantizar la protección y el respeto de nuestros derechos colectivos. Los Pueblos Indígenas sufrimos los efectos sistémicos y estructurales de la discriminación racial. Esto ha resultado en la violación de nuestros derechos, el despojo de nuestros territorios y recursos. Adicionalmente, esta situación se agrava por la influencia indebida de empresas en la toma de decisiones en materia de política pública que impacta sobre los derechos humanos de los Pueblos Indígenas. Como resultado, los Estados incumplen su deber de proteger nuestros derechos; al contrario, priorizan los intereses de las empresas o industrias sobre los Pueblos Indígenas.

Como consecuencia, numerosos proyectos empresariales tienen impactos desastrosos sobre nuestros territorios y derechos. Por ejemplo, observamos contaminación y envenenamiento de cuerpos de agua sin remediación, desecamiento de salares por empresas de litio; minería de carbón y parques eólicos. Estos impactos afectan desproporcionadamente a las mujeres indígenas y la niñez. En gran medida, se encuentran invisibilizadas tanto en los espacios de participación, así como en los impactos de las actividades empresariales.

Es fundamental redefinir la forma en la que algunas empresas e industrias realizan sus actividades en o cerca de los territorios indígenas. A pesar de realizar declaraciones y asumir compromisos voluntarios de respeto a los Principios Rectores y a los derechos humanos de los Pueblos Indígenas, en la práctica incumplen estos compromisos.

Como agravante, observamos con gran preocupación que nuestra región es la más peligrosa para las personas defensoras de derechos humanos. Tenemos el mayor nivel de asesinatos, amenazas, persecución de defensores de derechos de Pueblos Indígenas, en particular defensores de la tierra y del medio ambiente afectados por proyectos de empresas. Decenas de líderes y lideresas sufren de persecución, criminalización, amenazas, violencia e incluso la muerte. Como el caso de las lideresas Josefina Tunki y María Benilde Carreño Gaitán.

En otro tema, los Pueblos Indígenas reconocemos la importancia de hacer una transición energética, así como ampliar esfuerzos para la conservación del medio ambiente. Sin embargo, alertamos que estas acciones pueden afectarnos desproporcionadamente. Por ejemplo, el aumento pronosticado en la minería de metales de transición, que se espera aumente en 6x en los próximos diez años, aumentará la presión por la explotación de estos recursos en territorios indígenas.

MANDAMOS Y EXIGIMOS: A los Estados:

• A ratificar, aplicar e implementar de forma plena los estándares recogidos en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas. En particular, las vinculadas al derecho a la participación, y a la consulta y consentimiento previo, libre e informado (CPLI), en el contexto de actividades empresariales.
• Respetar el derecho propio de los Pueblos Indígenas con relación a las formas de ser consultados. Por ello, es fundamental reconocer sus propios protocolos de consulta previa, como mecanismos jurídicos de libre determinación.
• Atender a propuesta de los Pueblos Indígenas la discusión sobre la objeción cultural a las medidas vinculadas a proyectos de desarrollo e inversión sobre territorios indígenas.
• Llamamos a la coherencia de los Estados en la suscripción de acuerdos y tratados comerciales a incluir y respetar los estándares de derechos de los Pueblos Indígenas. Además, revisar y evaluar la implementación de dichos tratados bajo este marco.
• Enfrentar la brecha de implementación entre los ordenamientos constitucionales, legales y la aplicación efectiva de los derechos indígenas. Así mismo, la adecuación institucional de las normativas nacionales de los Estados a los estándares internacionales de derechos humanos.
• Asegurar la participación de los Pueblos Indígenas en la elaboración de los Planes Nacionales de Acción sobre empresas y derechos humanos (PAN) y que estos incluyan los estándares internacionales sobre nuestros derechos colectivos.
• Asimismo, velar por la incorporación en dichos Planes del compromiso de elaborar legislación sobre debida diligencia de las empresas en derechos humanos, incorporando en ellas el deber que estas tiene de abstenerse de afectar los derechos humanos, así como de asumir la reparación por los impactos negativos que provocan sus actividades.
• Respetar el derecho a la libre determinación de los Pueblos Indígenas, en el marco del derecho propio con relación al desarrollo de actividades empresariales.
• Implementar mecanismos participativos para el seguimiento de acciones de reparación colectivas e individuales y mitigación de impactos causados por actividades empresariales. Incorporando, procedimientos que garanticen el cumplimiento de estas medidas.
• Velar por la implementación efectiva del Acuerdo de Escazú por aquellos estados que lo han ratificado, y compromiso de ratificación por aquellos estados que no lo han hecho. Ello a objeto de hacer efectiva sus disposiciones sobre derecho al acceso a la información en materia ambiental, a la participación en las decisiones ambientales y al acceso a la justicia en las mismas materias, en particular aquellas disposiciones que hacen referencia específica a los Pueblos Indígenas.
• Retomar el impulso de la iniciativa para un Tratado que convierta en vinculante los Principios Rectores sobre empresas y derechos humanos.

A las empresas e instituciones financieras internacionales:

• Respetar la autonomía, el derecho a la libre determinación de los Pueblos Indígenas con relación al desarrollo de actividades de empresas en sus territorios.
• Respetar e implementar los estándares internacionales en materia de consulta y consentimiento previo, libre e informada (CPLI), cuyo objetivo es la obtención del consentimiento de los Pueblos Indígenas.
• Respetar la titularidad de los territorios indígenas, lo que implica la implementación de mecanismos de participación y consulta, sino de participar desde etapas iniciales.

A los organismos internacionales de derechos humanos:

• A los mecanismos del sistema de la ONU sobre derechos de los Pueblos Indígenas y sobre las empresas y los derechos humanos a cooperar entre sí y con los Pueblos Indígenas para asegurar la protección de nuestros derechos por parte de los Estados y las empresas.
• Al Grupo de Trabajo establecer mecanismos de diálogo y consultas con los Pueblos Indígenas sobre sus planes de acción y las prioridades de los Pueblos Indígenas con relación a la agenda sobre empresas y derechos humanos.
• Implementar mecanismos de sanción efectivos ante el incumplimiento de los estándares de derechos colectivos de los Pueblos Indígenas.
• Fortalecer los mandatos o crear mecanismos para que las entidades existentes sobre Pueblos Indígenas sean más eficaces para actuar en la protección de los derechos de los Pueblos Indígenas, en particular los derechos de los y las defensoras de derechos de Pueblos Indígenas.

DESDE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ABYA YALA NOS COMPROMETEMOS A TRABAJAR PARA:

• Promover la libre determinación de los Pueblos Indígenas. En tanto, reconocer ejercicios de la autonomía y el diálogo con las visiones de desarrollo propias.
• Construir y fortalecer una propuesta propia de economía indígena.
• Volver al origen, al Buen Vivir, recuperando y difundiendo nuestras propuestas de desarrollo y futuro en base a nuestros conocimientos ancestrales.
• Respetar la decisión de los Pueblos Indígenas de establecer acuerdos con las empresas para participar de los beneficios por la extracción de los recursos naturales en su territorio; así como respetar la decisión de los Pueblos Indígenas de no consentir el desarrollo de actividades empresariales en sus territorios.
• Considerar el desarrollo de sus propios protocolos de consulta y consentimiento previo, libre e informado.
• Promover la participación efectiva de las mujeres en base al principio de equidad en los diferentes espacios. Incluso, considerando compromisos de financiamiento para este fin.
• Constituir un espacio permanente de supervisión y coordinación del cumplimiento de los acuerdos del Caucus indígena, implementando un espacio institucionalizado para dicho fin.
• Coordinar con aliados de la sociedad civil para fortalecer la acción tanto al nivel nacional como regional y trabajar junto a los Pueblos Indígenas y sus organizaciones en la documentación, denuncia y visibilización de las violaciones de derechos humanos de Pueblos Indígenas cometidas en el contexto de la actividad de empresas.

ONIC, julio 13 de 2022.

Descargue la Declaración del Caucus de los Pueblos Indígenas del Abya Yala sobre Empresas y Derechos Humanos: https://bit.ly/3xodqMO