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Uno de los mayores obstáculos para el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas es la falta de voluntad política por parte de los Estados, para impulsar cambios que garanticen la realización de estos derechos.
Así lo sostuvo el Coordinador General de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI, Benito Calixto Guzmán, durante su intervención ante el 11º Foro de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, que se desarrolla en Ginebra – Suiza..
Calixto indicó que para los Estados las actividades empresariales tienen prioridad política y jurídica por parte de los gobiernos, especialmente las que están dedicadas a la extracción de recursos naturales.
Agregó que en ese contexto es complicado el ejercicio de derechos por parte de los pueblos, pues la respuesta es la criminalización y hasta el asesinato de los defensores de la vida y el medio ambiente.
“Los Estados y los sectores empresariales no reconocen las practicas criminalización, pero tampoco están dispuestos a derogar u observar las leyes que se emplean para perseguir a los defensores y defensoras, leyes para cuya elaboración no se ha tenido en cuenta la opinión de los pueblos indígenas”, manifestó.
Añadió que la situación se agrava cuando funcionarios de alto nivel emiten declaraciones que estigmatizan a los defensores cuando estos ejercen sus derechos frente a las vulneraciones por otros actores.
Recordó, además, que los Estados asumen compromisos, pero no cumplen con implementarlos, especialmente cuando se trata de los derechos indígenas como sucede en el caso del consentimiento previo, libre e informado en el contexto de las actividades empresariales que se desarrollan en territorios de los indígenas.
De otro lado, recordó que el ejercicio de derechos de pueblos y comunidades, en el contexto de las actividades empresariales, ha llevado a enfrentar situaciones alarmantes de criminalización y violencia, con un alto costo en términos de vidas.
En ese sentido, sostuvo que las estadísticas señalan que, en los diez años, cada dos días un defensor o defensora de la vida y el medio ambiente es asesinado por el ejercicio de sus derechos frente las actividades empresariales que se desarrollan en los territorios.
“Los defensores buscamos la realización plena de los derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas, los mismos que se encuentran reconocidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT”, dijo.
Añadió que en sus últimas deliberaciones los pueblos indígenas se han comprometido a continuar promoviendo el ejercicio de sus derechos, de manera libre y esperan que los Estados y las empresas cumplan con sus obligaciones de proteger y respetar sus derechos.
Por ello sostuvo la predisposición de los pueblos y organizaciones indígenas para colaborar con los Estados a fin de que se garantice el ejercicio de los derechos de los pueblos. Explicó que una de las formas sería ayudando a los operadores de justicia a comprender el rol de los defensores del territorio, la vida y el medio ambiente para que puedan entender su forma de vivir, pensar y ejercer derechos.
Asimismo, expresó que esperan que los Estados adopten medidas de protección efectiva para los pueblos indígenas, especialmente a los defensores, en el propio territorio, reconociendo los mecanismos de control y protección de las tierras.
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