El respeto a los derechos de los pueblos indígenas no es optativo, ni para los estados ni para las empresas

Las iniciativas existentes para desarrollar una legislación sobre debida diligencia, como es el caso en la Unión Europea, deben garantizar la plena protección de los derechos de los pueblos indígenas e incorporar mecanismos efectivos de rendición de cuentas.

Es el llamo del Caucus de los Pueblos Indígenas en la sesión de clausura del 11º Foro de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, desarrollado en Ginebra – Suiza.

La declaración presentada por Benito Calixto Guzmán, Coordinador General de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), recordó que el respeto a los derechos de los pueblos indígenas no es optativo, ni para los estados ni para las empresas. Estos derechos están consagrados en la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas y en el derecho internacional de derechos humanos.

Agregó que, las legislaciones nacionales sobre actividades empresariales no pueden diluir nuestros derechos sobre nuestras tierras, bosques, mares y océanos, sobre nuestro patrimonio cultural y nuestros derechos a la participación y al libre consentimiento previo e informado.

Reiteró que, a lo largo de los tres días de sesiones, se ha denunciado que los defensores de derechos humanos, incluidos los defensores indígenas, sufren intimidación, criminalización y todo tipo de violencia, incluidos asesinatos y desplazamientos forzosos, cuando defienden sus derechos fundamentales y sus tierras y territorios frente a operaciones de las empresas.

“Los estados han adoptado legislación para proteger a las empresas e inversiones que no está en consonancia con sus obligaciones de derechos humanos. En algunos casos, se despliegan fuerzas de seguridad en nuestros territorios para proteger las inversiones, lo que aumenta la violencia y las violaciones de los derechos humanos”, indicó.

El Coordinador General de la CAOI sostuvo que cuando los estados no cumplen con su deber de proteger y las empresas ignoran su responsabilidad de respetar, son necesarios mecanismos fuerte de rendición de cuentas y reclamación, con claros parámetros sobre el acceso a la información, el acceso a la justicia en diferentes jurisdicciones, y procesos claros para la reparación justa cuando se han producido violaciones de los derechos indígenas.

Esta situación, sostuvo, ha motivado que el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos, los órganos de los tratados y otros mecanismos de derechos humanos de la ONU hagan numerosas recomendaciones exigiendo a los Estados la protección de los derechos de los pueblos indígenas a la libre determinación, sus tierras y aguas, su patrimonio cultural y el consentimiento previo, libre e informado en el contexto de las operaciones de las empresas.

“En términos similares existen sentencias de las cortes regionales y nacionales y resoluciones de parlamentos regionales. Pero la situación en los territorios no cambia. Ha llegado el momento de convertir estas peticiones en acciones, de garantizar el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en el contexto de las actividades de las empresas. No podemos esperar más” afirmó Benito Calixto.

Por ello, demando la implementación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, pues nuestros pueblos y comunidades no pueden seguir sufriendo represalias por parte de estados y actores no estatales por defender la vida. “Nuestra misma supervivencia como pueblos diferentes está amenazada”, reiteró.

Finalmente hizo un llamado de atención ante las represalias que afectan a representantes indígenas que colaboran con los organismos de derechos humanos de la ONU, y expresar nuestra solidaridad con Anexa Alfred Cunningham, miembro del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, a quien se le ha impedido retornar a su país

Descargue la declaración aquí: https://bit.ly/3gNFEvn