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Declaración del Caucus de los Pueblos Indígenas en la clausura del 11° Foro de ONU sobre empresas y derechos humanos
Los pueblos indígenas están en la frontera de la crisis planetaria debida a la explotación de los recursos, el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, la deforestación y la contaminación. Nuestras tierras, aguas y mares siguen siendo fuente de vida, conocimiento y esperanza para el planeta. Pero nuestras tierras, territorios y pueblos sufren presiones extremas, y nuestros derechos humanos fundamentales siguen siendo violados en el contexto de las operaciones de las empresas, con poca o ninguna protección por parte de los estados y sin acceso a la reparación ni a la justicia.
Es imperativo que nuestras comunidades y nuestro patrimonio natural y spiritual sean reconocidos como espacios para la vida.
Es por eso por lo que representantes indígenas de nuestras siete regiones socio culturales (Africa, Asia, el Ártico, Rusia, América Latina y el Caribe, Norteamérica, y el Pacífico) participamos en este Foro.
Agradecemos que el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos haya proporcionado espacio en este Foro para que los pueblos indígenas podamos dar nuestra visión sobre la aplicación de los Principios Rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos, teniendo en cuenta la situación que vivimos en nuestras tierras y territorios. En las sesiones, hemos escuchado sobre la necesidad de mecanismos innovadores para respetar los derechos humanos de todos. También hemos escuchado, de parte de la comunidad empresarial y algunos estados, que debemos ser “menos ambiciosos” y “prácticos” en la aplicación de los Principios Rectores. Con todo respeto, estamos en desacuerdo.
El respeto a los derechos de los pueblos indígenas no es optativo, ni para los estados ni para las empresas. Estos derechos están consagrados en la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas y en el derecho internacional de derechos humanos. La legislación nacional sobre actividades empresariales no puede diluir nuestros derechos sobre nuestras tierras, bosques, mares y océanos, sobre nuestro patrimonio cultural y nuestros derechos a la participación y al libre consentimiento previo e informado. Las iniciativas existentes para desarrollar legislación sobre debida diligencia, como es el caso en la Unión Europea, deben garantizar la plena protección de los derechos de los pueblos indígenas e incorporar mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
Como hemos escuchado estos tres días, los defensores de derechos humanos, incluidos los defensores indígenas, sufren intimidación, criminalización y todo tipo de violencia, incluidos asesinatos y desplazamientos forzosos, cuando defienden sus derechos fundamentales y sus tierras y territorios frente a operaciones de las empresas. Los estados han adoptado legislación para proteger a las empresas e inversiones que no está en consonancia con sus obligaciones de derechos humanos. En algunos casos, se despliegan fuerzas de seguridad en nuestros territorios para proteger las inversiones, lo que aumenta la violencia y las violaciones de los derechos humanos.
Cuando los estados no cumplen con su deber de proteger y las empresas ignoran su responsabilidad de respetar, son necesarios mecanismos fuerte de rendición de cuentas y reclamación, con claros parámetros sobre el acceso a la información, el acceso a la justicia en diferentes jurisdicciones, y procesos claros para la reparación justa cuando se han producido violaciones de los derechos indígenas.
El Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos, los órganos de los tratados y otros mecanismos de derechos humanos de la ONU han hecho numerosas recomendaciones exigiendo a los Estados la protección de los derechos de los pueblos indígenas a la libre determinación, sus tierras y aguas, su patrimonio cultural y el consentimiento previo, libre e informado en el contexto de las operaciones de las empresas. En términos similares existen sentencias de las cortes regionales y nacionales y resoluciones de parlamentos regionales. Pero la situación en los territorios no cambia.
Ha llegado el momento de convertir estas peticiones en acciones, de garantizar el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en el contexto de las actividades de las empresas.
No podemos esperar más. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas se tiene que implementar. Nuestros pueblos y comunidades no pueden seguir sufriendo represalias por parte de estados y actores no estatales por defender la vida. Nuestra misma supervivencia como pueblos diferentes está amenazada.
Antes de terminar, quisiera llamar su atención a las represalias que afectan a representantes indígenas que colaboran con los organismos de derechos humanos de la ONU, y expresar nuestra solidaridad con Anexa Alfred Cunningham, miembro del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, a quien se le ha impedido retornar a su país.
Ginebra, noviembre 30 de 2022.
Descargue la declaración aquí: https://bit.ly/3gNFEvn
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