Declaración Colectiva del Caucus de los Pueblos Indígenas en la sesión de apertura del 11° Foro de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos.

Declaración Colectiva del Caucus de los Pueblos Indígenas en la sesión de apertura del 11° Foro de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos.

Señora Presidenta:

El Caucus de los Pueblos Indígenas saluda la inclusión de los representantes de los Pueblos Indígenas como oradores en varias sesiones, incluidas las de apertura y de clausura. Esperamos que nuestras voces como titulares de derechos sean escuchadas y tenidas adecuadamente en cuenta por parte de los Estados y de las empresas, incluidos los inversores, a través de acciones concretas destinadas a la actualización de nuestros derechos en las actividades empresariales.

Aunque la década de implementación de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos (UNGP) ha contribuido a aumentar el grado de sensibilización y la atención sobre los derechos y las preocupaciones de los Pueblos Indígenas en relación con las empresas, se necesitan con urgencia acciones más decisivas por parte de los Estados y de las empresas, especialmente a nivel nacional y local, en la implementación de los tres pilares de los UNGP para la actualización de los derechos y el bienestar de los Pueblos Indígenas. A pesar de las supuestas intervenciones de desarrollo como la minería comercial, los proyectos energéticos, la agroindustria, el desarrollo de las infraestructuras y el turismo comercial, entre otros, la mayoría de nosotros pertenecemos a los más pobres, aunque sólo somos el 6% de la población mundial. Estas actividades han sido la causa de desplazamientos forzados, de la destrucción de nuestro sustento y de los sistemas alimentarios autóctonos, del patrimonio cultural y de los lugares sagrados, perjudicando nuestros sistemas de gobernanza y la resiliencia de nuestras comunidades, entre otros. Asimismo, seguimos sufriendo debido a la devastación masiva del medio ambiente de nuestros territorios, incluidas la contaminación del aire y del agua, los residuos tóxicos, la pérdida de biodiversidad, la degradación de nuestras tierras, de los bosques y de otros recursos. Tememos que esto siga prevaleciendo en nombre de la recuperación económica frente a la pandemia de COVID-19, así como en relación con unas acciones climáticas como las relacionadas con la transición justa si nuestros derechos no están plenamente protegidos. Lo peor es que, a la hora de defender nuestras tierras y recursos, somos objetos de ataques violentos, criminalización, amenazas y graves violaciones de los derechos humanos como asesinatos, arrestos y detenciones arbitrarias, violencia en contra de las mujeres y niñas indígenas y tortura, entre otros. Estas prácticas tienen que acabar.

Esperamos que el tema de la sesión de este año, “Las Personas Titulares de Derechos en el Centro”, no se quede en un eslogan, sino que promueva pasos concretos, medidas y acciones específicas por parte de los Estados y de las empresas basadas en las exigencias urgentes de las personas titulares de derechos, de acuerdo con la implementación de los UNGP en la próxima década y más allá.

En cuanto a los Pueblos Indígenas, queremos recordar a los Estados sus obligaciones y compromisos actuales de reconocer y proteger los derechos de los Pueblos Indígenas, y a las empresas de respetar nuestros derechos adoptando las siguientes acciones:

1. Poner fin a la criminalización de los defensores y defensoras de los pueblos indígenas

La lamentable y creciente criminalización y los ataques en contra de los defensores y defensoras de los derechos indígenas por parte de los Gobiernos y de las empresas son alarmantes y de hecho radicalmente contrarios a la esencia misma de este foro. En los últimos 24 meses, más de 2000 defensores y defensoras de los derechos indígenas han sido asesinados en todo el mundo por defender sus derechos a la tierra. De hecho, estamos muy preocupados por la tendencia creciente y los efectos desproporcionados de los asesinatos, de la criminalización y de la violencia en contra de los defensores y defensoras de los derechos indígenas. En casos como el de México, más del 40% de los asesinatos de defensores y defensoras de los derechos humanos afecta a los Pueblos Indígenas. Además, los defensores y defensoras indígenas y los Pueblos Indígenas también son objetos de intimidación, persecución, demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP por sus siglas en inglés) y desplazamientos forzados.

Lo que es necesario para hacer frente al empeoramiento de la condición de los Pueblos Indígenas es el reconocimiento legal por parte de los Estados de los derechos de los Pueblos Indígenas establecidos por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI), a través de reformas políticas que también revoquen leyes y políticas que criminalizan el ejercicio de los derechos de los Pueblos Indígenas y los derechos fundamentales de los ciudadanos, así como el establecimiento de mecanismos de rendición de cuentas eficaces para los violadores de los derechos humanos; que las empresas dejen de presentar cargos penales, como el de invasión y destrucción de propiedad privada, en contra de los líderes indígenas que defienden sus derechos a sus tierras y recursos; que adopten una política de tolerancia cero frente a las violaciones de los derechos humanos y la diligencia debida obligatoria en materia de derechos humanos, incluyendo los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas.

2. Establecer mecanismos de rendición de cuentas eficaces para las empresas

Debido a su poder económico y a su fuerte influencia sobre los Estados, a menudo las empresas no están obligadas a rendir cuentas por su implicación en violaciones de los derechos humanos, incluidos el acaparamiento de tierras o la violación de la obligación al consentimiento libre, previo e informado (CLPI) de los Pueblos Indígenas afectados, entre otros. De acuerdo con los UNGP, los Estados deben adoptar medidas para obligar a las empresas a rendir cuentas de sus operaciones comerciales, tales como sanciones adecuadas, incluidas la cancelación y la suspensión de los permisos empresariales por violaciones de los derechos a la tierra y del CLPI, la rehabilitación y la indemnización por la destrucción de las tierras y de los recursos de los Pueblos Indígenas, entre otros; para que las empresas respeten y cumplan con las regulaciones estatales para la protección de los derechos humanos e del medio ambiente y para que establezcan un mecanismo de participación significativa con los Pueblos Indígenas a nivel de proyecto y un mecanismo de reclamación eficaz y accesible para los mismos.
Además, los Estados y las empresas deberán apoyar la adopción de un instrumento jurídicamente vinculante para la responsabilidad empresarial en la protección de los derechos humanos, incluso por parte de las empresas estatales y nacionales. Este Tratado deberá incluir el respeto de los derechos de los Pueblos Indígenas, tal como se establece en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El Tratado también complementará los UNGP y la labor del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos. Encomiamos la iniciativa positiva del Gobierno de Canadá en materia de responsabilidades extraterritoriales de las empresas canadienses y esperamos que pueda reforzar el mandato del Ombudsman para una mayor responsabilidad de las empresas.

3. Garantizar la participación significativa de los Pueblos Indígenas y la inclusión de nuestros derechos colectivos en los Planes de Acción Nacionales (PAN)

Las personas titulares de derechos, incluidos los Pueblos Indígenas, necesitan contar con mecanismos de participación eficaces en la formulación de los PAN por parte de los Estados y de las empresas para garantizar que los PAN estén en consonancia con los principios de los UNGP desde la perspectiva de las personas titulares de derechos, y no sólo para las partes interesadas. La continua invisibilidad de los Pueblos Indígenas en la preparación y aplicación de los PAN, tal como se evidencia en la primera década de implementación, no sólo es alarmante, sino también viola abiertamente el espíritu de los UNGP. A menos que se garanticen nuestra participación significativa y la inclusión de los derechos de los Pueblos Indígenas en los PAN y en las actividades empresariales, los Pueblos Indígenas seguirán encontrándose en grave peligro debido a las continuas violaciones de nuestros derechos por parte de los Estados y de las empresas con una impunidad que se debería evitar. Es una cuestión de justicia social que requiere acciones, puesto que ninguna falsa promesa puede solucionar esta situación. Por lo tanto, solicitamos a los Estados y a las empresas a que cumplan con sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos de acuerdo con la implementación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas en relación con el reconocimiento, el respeto y la protección de los derechos de los Pueblos Indígenas.

Muchas gracias.

Descargue la Declaración del Caucus Indígena aquí: https://bit.ly/3F9Lel8