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A más de una década de la adopción de los principios rectores, el respeto al derecho de consulta y el consentimiento previo, libre e informado, sigue siendo la principal demanda de los pueblos indígenas frente a las reuniones y foros del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos.
Y es que los pueblos indígenas solicitan que la consulta previa deje de ser un acto meramente administrativo y que se ajuste a los estándares internacionales, es decir, a lo establecido en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Luis Vitor, asesor de CAOI, señalo que en los últimos diez años esta ha sido la principal demanda de los pueblos indígenas, pues sienten que este es el derecho vulnerado con mayor frecuencia en relación a las actividades empresariales que se desarrollan dentro de sus territorios.
Según sostuvo, la posición de los pueblos indígenas es que no deben desarrollarse ningún tipo de actividad empresarial dentro de sus tierras sin el consentimiento de los pueblos originarios.
De otro lado, alertan que en muchos casos los Estados han adoptado leyes y normas que restringen el derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado, lo que significa un retroceso en el reconocimiento de este derecho.
Otro de los temas que siempre ha estado presente en las declaraciones de los pueblos indígenas, es la necesidad de contar con mecanismos de reparación a los que puedan recurrir las víctimas ante la afectación de sus derechos.
Agregan que estos mecanismos deben tener el grado de interculturalidad necesaria para que aquellas instituciones que lo integren, puedan entender y respetar a los indígenas cuando se presentan quejas, además de reconocer, considerar y respetar la institucionalidad de los pueblos.
Otro de los temas recurrentes en las declaraciones de los pueblos indígenas es el tema de la criminalización de los defensores. Por ello demandan a los Estados que se proteja sus derechos y el derecho de defender sus derechos.
La persecución judicial, la militarización de los territorios indígenas, son prácticas que los Estados han puesto en marcha para reprimir la resistencia a proyectos empresariales que vulneran sus derechos.
En cuanto a los planes nacionales de acción sobre empresas y derechos humanos, los pueblos indígenas exigen la participación en su elaboración, garantizándose que se incluya sus demandas y que estos se ajusten a los estándares internacionales.
Luis Vitor se refirió también al tema de la responsabilidad de los países de origen de las empresas transnacionales y estatales. En el caso de las transnacionales, los países de origen deben garantizar que no vulneren los derechos de los pueblos indígenas y en caso ello ocurra, se asegure el acceso a justicia y mecanismos de reparación.
Asimismo, recordó que en las declaraciones de los pueblos indígenas se ha reiterado el pedido a las Instituciones financieras, sean privadas o multinacionales, que respeten los principios rectores y los estándares internacionales. Además, que se investigue las denuncias de los pueblos indígenas y dejen de financiar a quienes vulneran los derechos.
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