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A pesar de haberse incorporado en la legislación interna de diversos países y estar reconocida en instrumentos internacionales como la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la implementación de los procesos de Consulta Previa, sigue siendo una de las principales demandas de los Pueblos Indígenas del Abya Yala.
Así lo manifestaron los representantes de los Pueblos Indígenas que participaron de la Sesión Informativa dirigida a quienes asistirán al IX Foro Regional de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos que se realizará en Sao Paulo, Brasil, del 9 al 11 de abril del presente año. Este espacio fue liderado por la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI.
Según manifestaron los representantes de los Pueblos Indígenas, en muchos de los países no se cumple con la implementación de la consulta previa, libre e informada y en los casos en los que se realizan dichos procesos, estos son tomados como actos administrativos de obligatorio cumplimiento como paso previo a la implementación de proyectos extractivistas y no como un proceso para garantizar los derechos de los pueblos y comunidades.
“En Ecuador tenemos un claro ejemplo de esta situación, pues los pueblos estamos amenazados por las empresas petroleras y mineras, mientras el Estado no cumple con garantizar nuestro derecho a ser consultados. Debemos levantar la voz en ese sentido y exigir también que las empresas asuman su reponsabilidad por los daños causados”, manifestó Dhalmar Collaguazo del pueblos Kitu Kitara.
Asimismo, los representantes de los Pueblos Indígenas, manifestaron que es necesario recuperar lo trabajado durante años, respecto al tema de la consulta previa y el consentimiento, para exigir el respeto y que se garantice la implementación de ese derecho cuando se implemente un proyecto empresarial en los territorios comunales.
De otro lado, propusieron que se denuncie estas vulneraciones a los derechos de los Pueblos Indígenas, el cual debe presentarse en el IX Foro Regional de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, pero también ante el Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas.
Plantearon, además, que debe exponerse las políticas estatales que se vienen implementando desde los gobiernos que promueven el divisionismo en las comunidades tanto de la Amazonía, los Andes y de los manglares, a través de la implementación de los bonos de carbono.
Por su parte, Dionicio Canahui, representantes del Pueblo Maya de Guatemala, reiteró la necesidad de exigir el respeto de los instrumentos internacionales como la Declaración de las Naciones unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Es necesario, indicó, exigir a los Estados que garanticen o pongan en marcha mecanismos de cumplimento de esta Declaración, frente a la nula autoregulación que hay de parte de las empresas y el silencio complice de Estados que no hacen nada por frenar los abusos encontra de los Pueblos Indígenas.
En ese mismo sentido, se refirió a la persecusión de los defensores de derechos, quienes vienen siendo criminalizados por un sistema corrupto en el que las empresas parecen tener a su servicio a todas las instituciones del Estado, mientras que las mineras y petroleras siguen operando impunemente a pesar de los graves impactos de sus operaciones como lo ocurrido en el río de la Pasión, en Petén.
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