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Once años después de la aprobación de los principios rectores de ONU sobre derechos humanos y empresas, los pueblos indígenas siguen sufriendo los impactos desproporcionados por el desarrollo de proyectos económicos dentro de sus territorios.
Así lo consideró Francisco Cali Tzay, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, durante su intervención en el Caucus de Pueblos Indígenas, reunión preparatoria de los Pueblos Indígenas para el VII Foro Regional sobre empresas y derechos humanos que se lleva a cabo en Bogotá – Colombia.
Recordó que los Pueblos indígenas gozan con un estatus sugeneris en el derecho internacional, pues sus derechos están contenidos en diversos instrumentos como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.
Sostuvo que desde el 2007, la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas es la norma mínima que guía el derecho de los pueblos originarios.
Sin embargo, lamentó que a pesar de la existencia de este marco legal para los derechos de los pueblos indígenas, desde la relatoría se ha documentado una serie de violaciones a los derechos humanos al momento de la ejecución de los proyectos de inversión privados.
Agregó que estas denuncias fueron recogidas en el informe temático que presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el cual muestra datos alarmantes que deben llamar nuestra atención.
“Uno de ellos es que, como medio de recuperación tras la pandemia del COVID 19 los gobiernos han priorizado el desarrollo de las industrias extractivas y el desarrollo agrícola dentro de territorios ancestrales de los pueblos indígenas”, manifestó.
Explicó que muchos Estados han utilizado la emergencia sanitaria por el COVID 19 para aprobar proyectos extractivos y políticas públicas sin respetar el derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado. Se han rebajado las normas de protección ambiental y se ha agudizado la criminalización de los defensores de los derechos.
Reiteró que los pueblos indígenas sufren los efectos negativos de los proyectos privados que se desarrollan en sus territorios. Tienen que afrontar desalojos, destrucción de santuarios ancestrales, violencia contra las mujeres, entre otros.
Existe, además, demasiados obstáculos cuando se busca acceder al sistema de justicia para denunciar estas violaciones. Se advierte actitudes racistas en el sistema legal contra los pueblos indígenas, principalmente por la falta de un enfoque intercultural desde esos sectores.
Por ello, pidió a los Estados respetar y garantizar el derecho a la libre determinación, a la tierra y los derechos sobre los recursos existentes en los territorios de los pueblos indígenas.
Dijo que los Estados deben adoptar las medidas necesarias para garantizar la demarcación y el control total de los indígenas sobre sus territorios ancestrales, adoptando medidas de protección.
“Los Estados deben consultar de buena fe a los pueblos indígenas para obtener el consentimiento previo, libre e informado antes de adoptar medidas o dictar leyes relacionadas con los negocios o el desarrollo”, indicó.
Añadió que se debe promover la participación plena de los pueblos indígenas en la adopción de los instrumentos vinculantes sobre derechos humanos y empresas promovidos por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y los planes de acción nacional.
También adoptar las medidas necesarias para proteger, evitar las amenazas y evitar la criminalización de los defensores indígenas que protegen su medio ambiente frente a los proyectos empresariales.
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